Escribe Alfredo Gálvez / Programa de Conservación de la SPDA
En los últimos meses hemos oído hablar en diversos medios sobre el Fenómeno del Niño y sus implicancias en distintos rubros productivos a nivel nacional, donde las actividades pesquera y agrícola son algunas de las más afectadas. Dicho Fenómeno podría generar grandes pérdidas económicas, incremento de enfermedades, destrucción de carreteras y viviendas, pérdida de cultivos en terrenos agrícolas, además de una notable reducción en el PBI. Sumado a ello, en el ámbito costero, una cantidad considerable cantidad de familias dedicadas a la pesca que se verían afectadas por El Niño, frente a un Estado que responde reactiva y no preventivamente, actuando al margen de recomendaciones realizadas por científicos, quienes indican -por ejemplo- que se deben adoptar medidas precautorias para proteger la pesquería de la anchoveta en nuestro mar y de esta forma asegurar los stocks para el año que viene.
El panorama actual no pinta del todo bien cuando se trata de un Fenómeno que se inició en los primeros meses del año, y cuando tenemos un Estado que dicta medidas precautorias tardíamente o “para apagar incendios”, en vez de haberlas tomado con la debida anticipación. Claros ejemplos de ello son las declaraciones de emergencia recientemente promulgadas por el Ejecutivo, los planes de contingencia de los Gobiernos Locales totalmente desarticulados o la ausencia de un plan integral multisectorial para la gestión de la zona marino costera frente a este tipo de fenómenos climáticos. Otro ejemplo sobre decisiones cuestionables, es la reciente apertura de la segunda temporada de pesca dispuesta por parte del Ministerio de la Producción (PRODUCE)[1], pese a que el Informe del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) concluía que no había suficiente recurso para asignar una cuota de pesca[2].
La estrategia adoptada por el Gobierno para el ámbito marino costero resulta un tanto desacertada y queda corta para generar resultados importantes. Ello no debería depender estrictamente de disponer medidas con efectos instantáneos o de corto plazo, que no trascienden. Por el contrario, una de las respuestas a ello consiste en utilizar mecanismos o herramientas de conservación de los recursos a largo plazo dentro de las 10 millas, que sean adecuadas al contexto y realidad de cada zona costera en particular, de manera que los usos se realicen sobre la base de una regulación especial y bajo criterios de sostenibilidad, asegurando de esta manera mitigar futuros eventos e impactos y asegurar stock de alimentos, en base a medidas duraderas y presentes en el tiempo. Una de estas herramientas de conservación para el caso del ámbito marino son las Áreas Marinas Protegidas.
¿Por qué conservar a través de Áreas Marinas Protegidas?
Al conservar la biodiversidad y restaurar los ecosistemas podemos reducir en gran medida su vulnerabilidad y aumentar su resiliencia[3]. Por ello, implementar una estrategia de conservación a través de Áreas Marinas Protegidas es importante en la medida en que generan grandes beneficios desde distintos puntos de vista; aquellos que llamamos servicios ecosistémicos[4]. En términos generales, las Áreas Marinas Protegidas desempeñan un papel importantísimo en la regulación del clima y en el secuestro del carbono. Ello sumado a los diversos servicios ecosistémicos que estas brindan, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Servicios ecosistémicos que brindan las Áreas Marinas Protegidas[5].-
Asimismo, las Áreas Marinas Protegidas son probablemente las únicas figuras legales que permiten la participación de la sociedad civil en las acciones de conservación de ecosistemas marinos, pues no es posible la figura legal de propiedad en el ámbito marino, en tanto este es patrimonio natural de la nación de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del 93. En este sentido, existen grandes oportunidades de gestionar estos espacios desde diversos niveles, generando así la participación activa de la población, sobre la base de la regulación actual sobre Áreas Naturales Protegidas y de acuerdo a los mecanismos comprendidos en la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley 26834 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 038-2001-AG.
¿Cuál es el estado actual de la Áreas Marinas Protegidas en el Perú?
A la fecha el Perú cuenta con solo 3 Áreas Marinas Protegidas, esto quiere decir que comprenden un porcentaje de costa y un porcentaje de mar: la Reserva Nacional de Paracas establecida en el año 1975; la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, establecida en el año 2009; y la Reserva Nacional de San Fernando, categorizada en el año 2011. Estas áreas forman parte de la Red Iberoamericana de Reservas Marinas (RIRM)[6], a la cual se suman áreas marinas de países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, México y España.
Es importante señalar que a la fecha el Perú no cuenta con áreas que protejan solo espacios de mar distanciados de la línea costera. La tendencia de la conservación marina en nuestro país ha incorporado desde sus inicios un componente terrestre, buscando la conectividad entre los ecosistemas terrestres y marinos relacionados a la Corriente Peruana o de Humboldt[7]. Sin embargo, actualmente existe una propuesta de Área Marina Protegida en camino de ser establecida formalmente por el Gobierno; la Reserva Marina del Pacífico Tropical, la cual incorpora entre sus zonas priorizadas, una zona que contempla solo ámbito marino, denominada “Banco de Máncora”. Si logramos como país establecer esta nueva Área Marina, estaríamos no solo asegurando los servicios ecosistémicos antes mencionados, sino que estaríamos protegiendo un ecosistema aún no representado en nuestro país, como es aquel perteneciente a la provincia biogeográfica del Pacífico Tropical.
¿Cuáles serían los siguientes pasos en la conservación de espacios en el ámbito marino y Áreas Marinas Protegidas en el Perú?
- Establecer nuevas Áreas Marinas Protegidas en el norte del país, empezando por la Reserva Marina del Pacífico Tropical, así como priorizar medidas de protección dentro de las 5 millas, donde la pesca artesanal puede ser desarrollada legalmente, pero que en la realidad se presenta desordenada, y dentro de las 10 millas, donde el recurso pesquero es más vulnerable.
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Incorporar en las normas sobre pesca el enfoque ecosistémico, que se traduce en una utilización sostenible de los recursos junto con una conservación más eficaz de los mismos. Por ello, resulta prioritario que dichas normas contemplen la protección y conservación de especies diferentes a la anchoveta y que ocupan un lugar primordial en la cadena trófica o alimenticia en el mar.
- Dentro de las Áreas Marinas Protegidas, establecer zonas intangibles o herramientas de manejo pesquero – conocidas como Fish boxes – y de esta manera a través de la prohibición del uso de artes de pesca o del esfuerzo pesquero, proteger las agregaciones de juveniles de especies de peces comerciales y asegurar el mantenimiento de la cadena trófica y consecuente provisión de alimento[8].
- Trabajar con las bases sociales; con las asociaciones pesqueras; con la población local para generar empoderamiento y de esta forma impulsar nuevas propuestas de establecimiento de Áreas Marinas Protegidas.
- Generar procesos sociales y políticos, con la finalidad de transparentar la información de las propuestas de Áreas Marinas Protegidas, en conjunto con las asociaciones pesqueras, Gobiernos Locales, empresas turísticas, así como otros actores importantes que dependen directamente de los beneficios y servicios ecosistémicos que estos espacios les brindan.
- Incorporar en los instrumentos de manejo de las Áreas Marinas Protegidas[9], mecanismos para la gestión sostenible de los recursos pesqueros, así como promover una unidad de gestión para el otorgamiento de derechos relativos al aprovechamiento de estos recursos. Dentro de estos mecanismos contemplar la utilización de artes y métodos de pesca más selectivos y sostenibles.
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